Los enfadados franceses: El gobierno frente a las protestas (Parte III) 



Por MSc. Waldo Barrera Martínez

El fin de semana último tuvo lugar la décimo séptima jornada de movilizaciones consecutivas de los llamados Chalecos Amarillos en Francia, con la participación en esta ocasión de solo 30.000 manifestantes en todo el país. En dos entregas anteriores, analizábamos algunas de las particularidades del movimiento, las causales del estallido social. 

En la misma medida en que han perdido fuerza en las calles, sufren también significativa reducción los índices de aceptación popular con el transcurso de las semanas. Si algunas encuestadoras cifraban entre un 70 y 80% los franceses que apoyaban al movimiento en las primeras jornadas, hace poco hacían públicos los resultados de un sondeo nacional, según el cual el 55% considera que sus acciones deben cesar.

La respuesta de la administración de Emmanuel Macron, ha variado asimismo desde una postura intransigente en un primer momento, hasta la concesión de algunas demandas a los manifestantes. La postura ante las problemáticas sociales del país y su manera de actuar de cara al movimiento, llevó los niveles de aceptación del presidente a un escaso 27%. Este indicador, solo ahora comienza a recuperarse, para llegar en febrero al 32%.

Al análisis de la evolución de la postura del gobierno francés en los casi cuatro meses transcurridos desde la primera manifestación, acontecida el 17 de noviembre de 2018, estarán dirigidas las líneas de hoy.

Macron, con una posición pertinaz y obstinada al inicio de la crisis, se opuso al retiro de las tasas de incremento del precio de los combustibles, bajo el argumento de que formaban parte de un plan a largo plazo encaminado a limitar las emisiones contaminantes a la atmósfera. Manifestó, entonces, su intención de dedicar 500 millones de euros a subvenciones para la compra de vehículos más ecológicos y medidas fiscales de alivio para quienes necesitan desplazarse en vehículos privados por razones de trabajo.

Las fuerzas antidisturbios en sus intentos por controlar los bloqueos de carreteras y concentraciones que se producían, arremetieron con agua a presión, balas de goma, granadas ensordecedoras y gases lacrimógenos contra los manifestantes. La violencia se apoderó entonces de las calles. Se produjeron saqueos a los mercados, destrucción de vidrieras e incluso obras de arte. La primera jornada cerró con un fallecido y 227 heridos en atropellos o choques y 117 detenciones.

Diez días después, el ejecutivo anunciaba la aplicación de una ecotasa flotante al precio de los carburantes, prometiendo su revisión cada tres meses en virtud de las variaciones del precio del petróleo. El intento no logró aplacar el enfado de los manifestantes.

A principios de diciembre, transcurrida ya la tercera jornada de protestas, se produce la Cumbre del G-20 en Argentina, con la participación del presidente francés. A su regreso, y ante los cuestionamientos de la comunidad internacional y la agudización de la crisis interna, sostuvo una reunión con su gabinete  en la que ordenó abrir una gran ronda de consultas con líderes políticos y representantes del movimiento de protesta y la congelación de los precios de la luz y el gas durante el invierno.

La ronda de consultas, conocida como Gran Debate Nacional, inició el 15 de enero, articulada a partir de cuatro grandes temas: presión fiscal, organización del Estado, transición ecológica y democracia.

Los debates físicos entre manifestantes y representantes del Gobierno tienen lugar en lo fundamental en los ayuntamientos, donde los alcaldes juegan un papel esencial. También se desarrollan de manera virtual en Internet, escenario en el que los participantes pueden presentar sus propuestas e ideas mediante un sitio web habilitado a tal fin por el ejecutivo: “En Francia, en el extranjero y con residentes franceses en el extranjero. En aldeas, pueblos, barrios, por iniciativa de alcaldes, funcionarios electos, líderes comunitarios o ciudadanos comunes… En asambleas parlamentarias como regionales o departamentales”, expresa el presidente en una larga misiva publicada aquí.

Aunque el mandatario aseguró que no habría “temas tabúes”, dejó claro que no cedería en las reformas económicas adoptadas tras su arribo al poder en 2017 para reactivar la economía francesa, entre ellas la supresión del impuesto sobre la fortuna para alentar la inversión, una de las principales exigencias de los manifestantes. También excluyó temas como el aborto, la pena de muerte y el matrimonio gay, considerados por el gobierno como “conquistas sociales”.

El Debate debe concluir este 15 de marzo, aun cuando muchos chalecos amarillos han puesto en duda la legitimidad de la propuesta; para ellos, la verdadera discusión se está desarrollando “en las calles”.

Las propuestas recabadas servirán para construir “un nuevo contrato nacional, estructurar la acción del gobierno y del parlamento”, según el propio Macron, quien prometió anuncios un mes después de concluida la consulta.

La iniciativa no ha impedido, sin embargo, que los más aguerridos mantengan el ritual de desfilar cada sábado por París y las principales ciudades francesas. Frente a su persistencia, al ejecutivo no le quedó más remedio que renunciar definitivamente al alza del impuesto sobre la gasolina.

En favor de los franceses de más modestos ingresos, se anunció la subida del salario mínimo de 100 euros, a costa de una drástica disminución de las cotizaciones sociales a las pensiones, el subsidio de desempleo y la seguridad social.

Estas y otras decisiones de igual corte, serán pagadas por los contribuyentes, en detrimento del servicio público, en el que se prevén más recortes para compensar el costo.

En auxilio de los desempleados, los que reciben pensiones bajas o sobreviven gracias a las ayudas sociales o los funcionarios, el Gobierno no ha hecho absolutamente nada.

Aun así, la movilización se debilita; cada semana menos personas salen a las calles. Las medidas apuntadas, el frío, la orden policial de desmantelar las rotondas donde se ubicaban los campamentos de los manifestantes, las escenas de violencia y el cansancio, han tenido reflejo en las cifras de manifestantes, lo cual no quiere decir que las razones del enfado hayan desaparecido.

Para el sociólogo Alexis Spire, “Hay signos que hacen pensar que el movimiento puede cobrar un nuevo impulso. El riesgo es que vuelva con más fuerza tras el debate si las cosas no cambian”.

La consulta podrá calmar los ánimos y tener un efecto positivo sobre la popularidad de Macron, pero nada indica que sus políticas vayan a cambiar realmente en función de resolver los enormes retos que han colocado encima de la mesa los Chalecos Amarillos.

A casi cuatro meses de iniciadas las protestas, según datos del Ministerio del Interior referidos por el sitio Público, el balance ha sido de 2.100 manifestantes y 1.400 agentes de las fuerzas de seguridad heridos. Se cifran en más de 500 los casos de evidente abuso policial, 22 los manifestantes que han perdido un ojo, cinco que se han quedado sin una mano, 210 heridos en la cabeza, 8.701 detenidos…

El Gobierno ha aprobado una polémica ley de seguridad, cuyo texto está siendo debatido ahora en el Senado. La legislación permitirá prohibir la asistencia a las movilizaciones a las personas que por su comportamiento en protestas anteriores constituyan “una grave amenaza” y sancionar con penas de prisión y multas a quienes acudan a las manifestaciones con el rostro enmascarado.

Las críticas internacionales por la violenta represión de la policía se han multiplicado en las últimas semanas. El Parlamento Europeo, condenó a mediados de febrero el uso excesivo de la fuerza por los agentes antidisturbios. El Consejo de Europa, por su parte, solicitó la suspensión de la utilización de balas de goma contra los manifestantes.

Esta semana, la Alta Comisaria de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a las autoridades francesas iniciar una “profunda investigación” por el “uso excesivo de la fuerza” por parte de los representantes del orden.

Así las cosas, en la contienda Macron parece llevar las de ganar, pues además del debilitamiento de las protestas, no existe en el país una oposición estructurada en su contra. No hay ni a derecha ni a izquierda un partido de gobierno creíble.

Los Chalecos Amarillos carecen de una propuesta política coherente y unitaria, faltan líderes legítimos, reconocidos por todos, que cohesionen, organicen, orienten. Todo parece indicar que su destino no será diferente al de muchos de los movimientos sociales de su tipo en los últimos años.

En los próximos días regresaremos con la cuarta y última parte de la serie. Hasta entonces.

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