Los enfadados franceses (Parte I)


Por MSc. Waldo Barrera Martínez

¿Quiénes son realmente los chalecos amarillos? ¿A qué se debe la irrupción y violencia de sus acciones en buena parte de Francia? ¿Qué papel han jugado las tecnologías en el estallido, organización y difusión del movimiento social? ¿Cómo ha repercutido en el escenario internacional? A estas y otras interrogantes trataremos de dar respuesta en la serie de artículos que a partir de hoy publica Cuba x Dentro.

Desde mediados de noviembre de 2018, las calles de la nación europea han sido testigos cada semana de un impresionante estallido social que aúna demandas de justicia social y lucha contra el cambio climático, un fenómeno que se extiende ya a otros Estados como resultante de la globalización.

El movimiento toma su nombre de los “chalecos amarillos” o gilets jaunes de alta visibilidad que los conductores francesas deben portar por ley en sus vehículos por razones de seguridad.
Aunque en su filas se encuentran miembros de asociaciones profesionales y vecinales, el mayor número lo constituyen personas sin adscripción alguna; franceses de clase media o media-baja, residentes en las zonas rurales o pequeñas ciudades, que ante la carencia de servicios de transporte público efectivos, precisan de sus autos para trabajar o moverse hacia los núcleos urbanos con el objetivo de estudiar, recibir atención médica, realizar compras…

Integrado por todas las tendencias del arco político francés, ha sabido cristalizar el descontento y frustración de quienes sufren las desigualdades crecientes en esa sociedad, los olvidados y ninguneados por sus representantes políticos.

Cuentan con el apoyo mayoritario de la opinión pública francesa, que diversas fuentes estiman hasta en un 80% de la población. Declaran no depender de ningún partido, no responder ante ningún sindicato, no tener jerarquía ni líderes; sin embargo, se mueven todos por un mismo sentimiento: el enfado.

Las razones del enfado

Para entender sus raíces más profundas es preciso remitirse primero al proceso de desindustrialización que ha vivido Francia desde décadas anteriores, el centralismo del Estado en torno a su capital, la precarización del empleo y el abandono de las áreas rurales y zonas periféricas, grandes víctimas de la deslocalización de las fábricas y políticas implantadas desde París.

El geógrafo Robert Brunet habla de la “diagonal del vacío” para referirse a la franja que va desde el noreste al suroeste, un territorio en proceso de despoblación y con las tasas de desempleo más altas de Francia. Es aquí precisamente donde explota y hace fuerte el movimiento.

Francia, de una población total de 65 millones de habitantes, tiene cerca de 9 millones de pobres, más de 3 millones de desempleados, 2 millones de analfabetos y 200.000 personas sin techo. Si bien es la nación europea con mayor número de millonarios, una parte sustancial de su población se enfrenta diariamente a importantes dificultades materiales.

La llegada de Emmanuel Macron al Palacio del Elíseo, en 2017, evidenció la aguda crisis del sistema democrático francés, al acceder a la presidencia en segunda vuelta, con apenas el 43,26% de los inscritos, mediante una campaña mediática sin precedente en la historia de la V República.

Desde su arribo al poder, multiplicó las medidas antisociales, adoptando decisiones favorables a los más adinerados, que agudizaron el descontento popular.

La primera de ellas fue la supresión del Impuesto sobre la fortuna. Como promedio, los 100 patrimonios más importantes de Francia recibieron un rembolso de 1,5 millones de euros cada uno. Del mismo modo, decidió disminuir la flat tax (impuesto global único sobre los ingresos del capital) del 50% al 30%. Ambas decisiones privaron a las finanzas públicas de al menos 4.500 millones de euros anuales.

Al propio tiempo, decidió transformar el Crédito del Impuesto para la Competitividad y el Empleo (CICE), beneficiando casi exclusivamente a las grandes empresas francesas, y privando al presupuesto del Estado de 42.000 millones de euros anuales, con graves afectaciones al sistema de seguridad social heredado de 1945.

Para compensar las pérdidas presupuestarias vinculadas a los regalos fiscales a las grandes empresas y capas más pudientes, optó por reducir los gastos sociales. Así, los “contratos ayudados” que permitían a los jóvenes desempleados conseguir trabajo, fueron en parte suprimidos; mientras, la tasa de desempleo entre los jóvenes de menos de 25 años supera el 22%. También redujo la ayuda para la vivienda destinada a los estudiantes, cuyo 20% vive por debajo del umbral de pobreza.

De igual modo, decidió aumentar algunos impuestos como la Contribución Social Generalizada (CSG), que pasó del 6,6% al 8,3%. Los jubilados, cuya pensión media es de 1.283 euros mensuales, sufrieron una merma sensible de sus ingresos.

El gobierno, al propio tiempo que multiplicó las regalías a los más ricos, empobreciendo sensiblemente al Estado, emprendió una guerra implacable contra los servicios públicos. Disminuyó el número de funcionarios en sectores ya ampliamente afectados por la escasez de personal, como son los de la educación y salud.

Durante su primer año de mandato, el gobierno de Macron suprimió 5.000 puestos de funcionarios, comprometiéndose a liquidar 10.000 en 2020. Su manifiesta intención es reducir hasta 50.000 para 2022, en contra de la mayoritaria opinión de la población, que siente un fuerte apego hacia el servicio público y el principio de solidaridad.

Por último, el detonante del estallido: la intención de combatir el cambio climático mediante la reducción del consumo de combustibles fósiles. La manera que se planteó el ejecutivo para lograrla fue mediante el incremento del precio de los carburantes. No tuvo en cuenta, sin embargo, el impacto que tal medida tendría para los diferentes sectores del espectro social francés.

Tal decisión fue por tanto la gota que colmó un vaso que ya estaba lleno. Resulta que el 72% de quienes utilizan vehículos diesel en ese país viven en regiones mal conectadas, como el macizo central, el Loira o Somme. En París, sin embargo, un tercio de los hogares no tiene vehículo propio porque no lo necesita, se sirve mayoritariamente de la transportación pública.

Fue así cómo se suscitó una ola de indignación nacional no estructurada, espontánea y plural, traducida en la movilización popular lanzada mediante las redes sociales de Internet en protesta contra el carácter inicuo del impuesto. La causa la constituye el rechazo al presidente Macron, símbolo de la arrogancia y el desprecio de una casta de pudientes. Desde el 17 de noviembre de 2018, fecha de la primera manifestación nacional, el movimiento se ha ampliado con la participación de los sectores estudiantiles, sábado tras sábado.

Continuará en una próxima entrega…

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