Por: Jesús Arboleya/Progreso Semanal
Un reciente artículo de Marcos Bronstein, publicado en Progreso Semanal, analiza las complicaciones legales y políticas que pueden rodear la aceptación por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos del establecimiento de la empresa norteamericana CleBer LLC, en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel en Cuba.
En verdad, más que respuestas a sus interesantes preguntas sobre las implicaciones de este proceso, tengo otras interrogantes, que pudieran ser infinitas, dada la compleja madeja de regulaciones que rigen el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba.
La verdad es que durante más de cincuenta años, esta política ha aceptado cuanta iniciativa se le ha ocurrido a cualquier presidente, congresista, lobista o funcionario que haya querido apuntarse un tanto contra Cuba y ahora resulta que ni los interesados en cambiarla o los que están encargados de ello, saben en realidad cómo hacerlo.
Una de mis experiencias en los últimos meses, ha sido tratar de explicar a diversos grupos de norteamericanos que visitan el país, en qué consiste “la apertura de Obama” a las normas que rigen el bloqueo y lo extraordinario para ellos no es tanto lo que ahora se autoriza, sino lo que estaba prohibido y aún queda por destrabar.
El bloqueo a Cuba ha sido una política “total”, que no solo afecta las relaciones entre ambos estados y sus empresas, sino al ciudadano común de los dos países, para no hablar de sus implicaciones a terceros.
Ni siquiera los cubanos tenemos plena conciencia de lo que ha implicado el bloqueo para nuestra existencia cotidiana, tal parece que es como el clima, a lo que simplemente hemos tenido que adaptarnos, y ahora se nos anuncia un “cambio climático”, que nadie sabe a ciencia cierta en qué consiste.
Mucho menos pueden entenderlo los norteamericanos. Cuestiones tan normales para ellos como poder viajar a Cuba, incluso bajo reglas que no se aplican a ningún otro país; importar cien dólares en ron y tabaco; usar sus tarjetas de crédito –antes no podían pagar ni en efectivo– o la posibilidad de utilizar los servicios de roaming para hablar por teléfono, se han convertido en decisiones transcendentales, simplemente porque estaban prohibidas.
Pero estas elementales “flexibilizaciones” también tienen sus complicaciones. Para viajar a Cuba, hay que firmar una declaración jurada, donde cada cual asegura ser consciente de aplicar a las doce categorías aprobadas y en el caso de los viajes “pueblo a pueblo”, la única categoría realmente beneficiaria a grandes sectores de la población, solo aplica hacerlo en grupos, porque individualmente puede entender como “turismo”, lo que aún está prohibido por la ley de Estados Unidos.
Más complicado aún es para las empresas norteamericanas. Nadie sabe si las tarjetas de crédito pueden operar en dólares y los bancos se espantan ante la posibilidad de enormes multas si se equivocan. Los negocios para el uso del roaming y otros servicios telefónicos, deben hacerse en otras monedas y a través de entidades en terceros países, que usualmente también temen la persecución de Estados Unidos. Efectivamente, las empresas agroalimentarias pueden vender sus productos a Cuba, pero bajo condiciones que obligan al pago adelantado, impiden el crédito y la transportación en barcos cubanos.
¿Qué decir entonces del proyecto de ensamblar los tractores “Oggún” por parte de la empresa CleBer en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel?
Como dice Bronstein, constituye un dolor de cabeza su aprobación por parte del Departamento del Tesoro y aunque no implicaría un precedente legal, dado que se trataría de una licencia específica, compromete en muchos sentidos la política de Estados Unidos hacia Cuba. Él menciona varias de estas posibles implicaciones, a mi me gustaría referirme a otra, desde mi punto de vista de enorme trascendencia, porque cuestiona la esencia de la política del bloqueo.
Si Estados Unidos aprueba esta licencia específica, lo que se corresponde con el llamado del presidente Obama a los empresarios norteamericanos de avanzar en su política hacia Cuba, estaríamos en presencia de una empresa “offshore”, legalmente establecida en otro país. ¿Qué lógica le puede impedir entonces exportar sus productos a Estados Unidos?
Tengo la impresión de que, hasta ahora, la política de Obama hacia Cuba ha tratado de potenciar el impacto político de la decisión y, a la vez, moverse en aguas seguras, que limiten las confrontaciones con sus opositores. De ahí el reclamo de que para avanzar “Cuba debe hacer algo”, lo que se entiende por reformas de su sistema político, algo inaceptable para Cuba, y sobre todo, evitar que sus decisiones sean cuestionadas legalmente, lo que realmente podrían complicar el proceso.
Lo que sucede es que el bloqueo a Cuba es tan abarcador, que no admite esta táctica. Como vemos, las medidas más elementales siempre tienen ramificaciones que impiden las decisiones a medias. Kerry no tenía razón cuando afirmó en Cuba que el bloqueo era una ruta de dos vías. El gobierno cubano puede facilitar el clima de las negociaciones e incluso tomar medidas que faciliten el interés de los empresarios norteamericanos por invertir en el país, como ocurrió con la aprobación del establecimiento de la empresa CleBer en el Mariel, pero desenredar la madeja es un problema de Estados Unidos.
(AP Photo/Ramon Espinosa)
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