Otra vez la democracia a debate…


FOTO..2 RENDICION DE CUENTA

Acaba de arrancar en Cuba un proceso neurálgico en el que va gran parte del crédito y la confianza del pueblo cubano en la Revolución. Se trata de las asambleas de rendición de cuenta del delegado a sus electores, que se estarán efectuando por todo el país hasta el 21 de diciembre. Se ha dicho que ahí, en ese espacio, descansa la esencia de la democracia cubana, o su originalidad: el delegado es la célula básica de toda la estructura. Yo creo en cambio que se trata solo de la parte donde el pueblo tiene una mayor participación y vínculo directo con sus representantes en los órganos de poder (en este caso la Asamblea Municipal del Poder Popular). Un área de la democracia revolucionaria a la que debemos prestar tanta atención para que funcione bien como a las restantes (Asambleas provinciales, Asamblea Nacional entre otras zonas válidas para el ejercicio de la democracia en Cuba).

El último número de la Revista Temas, contiene un interesante trabajo que resultara Mención en la convocatoria al Premio Temas de Ensayo 2013, por el profesor Daniel Rafuls Pineda. Es un estudio sosegado sobre nuestro sistema electoral, muchas veces polémico por sus arriesgadas propuestas, destacando la posibilidad de que el Partido Comunista de Cuba pueda postular candidatos para todas las instancias de poder. Entre otras cuestiones importantes que se abordan, se encuentra la necesidad de una mejor divulgación por los medios de difusión de las sesiones de la Asamblea Nacional y sus Comisiones permanentes y temporales de trabajo. Creo, como el autor del ensayo, que es un punto a favor de la legitimación de la democracia cubana y que no debiera ser traumático favorecer.

No da tiempo en esta ocasión para “dialogar” in extenso con el artículo del profesor Daniel (tengo reservas en algunos puntos y muchas coincidencias también), pero aquí les dejo con los obstáculos que a su juicio presenta nuestro sistema electoral, dejando para una segunda entrega sus propuestas para reformarlo (Todo lo que sigue a continuación ha sido tomado del artículo “El sistema electoral cubano: de la representación formal a la participación real”, publicado en el número 78 de la Revista Temas):

  • Se debe reconocer que la obligación de nominar entre dos y ocho candidatos a delegados (representantes) entre los residentes de cada circunscripción es una indudable fortaleza del sistema en la base, porque permite al electorado (sin la mediación de los partidos políticos) escoger a sus representantes entre, al menos, dos opciones. Sin embargo, su debilidad —más allá de las pocas propuestas que tradicionalmente hace la ciudadanía local— radica en que las asambleas municipales del Poder Popular (AMPP) solo van a estar integradas por residentes en el municipio[9] y en ningún caso por representantes de centros laborales del territorio.
  • Aun cuando los presidentes y vicepresidentes de las AMPP del país se eligen en sesión plenaria por los delegados de esas Asambleas, el proceso de nominación de los candidatos a esos cargos es organizado por comisiones de candidatura[10] que no solo no hacen públicos los criterios de las organizaciones de masas, sociales y políticas consultadas, sino que tampoco revelan la proporción en que los delegados han respaldado a uno u otro candidato.
  • El presidente y vicepresidente de cada AMPP del país —máximo órgano de poder del Estado en esas demarcaciones—[11] son, a la vez, los del Consejo de Administración Municipal, mayor órgano ejecutivo-administrativo de la propia localidad, lo que indica un claro conflicto de intereses.
  • La Ley 91 de los Consejos Populares, que norma las funciones de los delegados de circunscripción y sus formas de organización —entre las Asambleas Municipales y las demarcaciones de base—, no garantiza una verdadera representación de los intereses populares. En este sentido, aunque en su Artículo 8 regula que todos los delegados electos formen parte de esa institución local, al mismo tiempo no establece la pertenencia obligatoria a estas instancias, de representantes de las organizaciones de masas, las instituciones y las entidades más importantes de la demarcación, quienes tampoco son elegidos, sino designados.[12]
  • Como la gran mayoría de los delegados de circunscripción no reciben un salario por ello, sus funciones como representantes de la comunidad, se limitan, en general, al tiempo de que dispongan fuera de su jornada laboral, lo que reduce el que pueden dedicar a enfrentar los problemas globales de su municipio y las demandas concretas de sus electores. Algo similar ocurre con las Comisiones permanentes o temporales de trabajo (órganos asesores de los presidentes de las AMPP), integradas por los propios delegados que, por la misma razón, tampoco pueden garantizar la calidad del trabajo.
  • Aunque, en términos teóricos, el Partido Comunista de Cuba (PCC) no es la instancia política encargada de postular a sus propios militantes o simpatizantes como candidatos a los distintos niveles de poder del Estado, en la mayoría de los procesos electorales son las organizaciones partidistas las que más influyen, indirectamente, en las nominaciones, tanto a nivel de municipio, como provincial y nacional, lo cual no aparece regulado en la Ley Electoral 72.[13] El papel del Partido se hace más o menos visible, en dependencia de la complejidad del asunto, tanto cuando los candidatos a delegados en la base no son promovidos con espontaneidad en las circunscripciones electorales (por la poca disposición de los ciudadanos a proponer o ser propuesto) o son promovidas personas sin lo que se considera «necesaria integración revolucionaria», como cuando las comisiones de candidatura, durante el proceso de conformación de las Asambleas a los distintos niveles de poder del Estado (municipio, provincia y nación) proponen los candidatos a delegados a las Asambleas Provinciales (APPP) y diputados a la Nacional (ANPP), y sus presidentes y vicepresidentes.
  • No parece adecuado que un sistema que se sustenta en la elección de los delegados de circunscripción desde las zonas residenciales —como fundamento para elegir los más altos cargos representativos del poder del Estado—, tenga menos de 50% de esos delegados en las instancias provinciales y nacional del Poder Popular.[14] Aun cuando es necesario que algunos municipios del país con baja densidad poblacional, carencia de cuadros y pocas instituciones importantes propias, estén representados en las instancias más altas del poder del Estado, no parece conveniente que lo sean por delegados provinciales y diputados a la ANPP que trabajen o vivan en zonas demasiado alejadas de la localidad por donde, formalmente, fueron elegidos. Varios de ellos, aun en la actual VIII legislatura, ni siquiera viven en las capitales de provincias, sino en la del país.
  • No existen los mecanismos, ni los ordenamientos jurídicos necesarios para regular lo anterior, lo que también limita la efectividad de la representación.  Más allá de los períodos de nominación y elección de delegados y diputados, que ocurre cada cinco años, y de la presencia de una parte importante de ellos en las sesiones de las AMPP cada dos o tres meses (con el consiguiente gasto de recursos materiales y financieros por parte de los representantes locales residentes en otras provincias), no existen regulaciones oficiales formales que normen el intercambio sistemático de los representantes de estas instituciones, que no son delegados de circunscripción (más de la mitad del total), con las bases donde fueron electos. 
  • A pesar de que en las instancias superiores se elige hasta 50% de representantes que son delegados de circunscripción, tanto en las asambleas provinciales como en la ANPP las discusiones y decisiones son, en esencia, sobre problemas que atañen al Estado o a la demarcación provincial y, en mucha menor medida, a las comunidades en particular, lo que, en la práctica, no garantiza la representación real de las necesidades de las localidades por donde resultó electo el delegado o diputado. Algo parecido ocurre a nivel de municipio. Los delegados de cada circunscripción, miembros por derecho propio de las respectivas asambleas municipales, no deciden sobre problemas propios de su área, sino sobre asuntos relacionados con el funcionamiento del municipio en su conjunto. Ello limita el seguimiento, sistemático y efectivo, de conflictos comunitarios puntuales vinculados, por ejemplo, con la vivienda y los servicios —agua, alimentos, alumbrado público, pavimentación, etcétera.
  • Si bien la ANPP y el Consejo de Estado, así como las APPP, disponen de Comisiones permanentes y temporales de trabajo, como medios auxiliares del Presidente del órgano respectivo de poder del Estado para ejercer la más alta fiscalización de los órganos estatales y del Gobierno,[15] la gran mayoría de sus miembros tiene otros compromisos laborales, lo que no asegura el tiempo ni la sistematización necesaria para otorgar una mayor efectividad a su desempeño como representantes provinciales y nacionales.
  • No parece coherente que, a nivel de municipio, exista una asamblea compuesta exclusivamente por delegados de base y un Consejo de Administración (CAM) conformado solo por funcionarios del órgano ejecutivo a esa instancia y que varios miembros de los ejecutivos del Consejo de Administración Provincial (CAP) y del Consejo de Ministros sean delegados a las APPP y a la ANPP, respectivamente. Tal situación, además de crear algunos conflictos de interés entre el funcionario del Estado que funge como controlador, y el que, como ejecutivo, es controlado, puede restar espacios de poder a otros potenciales representantes populares.
  • No todos los delegados a las APPP y diputados a la ANPP que no son delegados de circunscripción —aun cuando sus nominaciones partan de los llamados Plenos Nacionales— son promovidos mediante un proceso amplio, organizado desde la base, por las propias instituciones a las que pertenecen, lo que resta credibilidad a la esencia democrática del proceso electoral. Esta situación es visible tanto en lo concerniente a la representación de organizaciones de masas y sociales, como la del Partido y la UJC.
  • Los delegados provinciales y diputados que no son delegados de base (independientemente del sector estatal, no estatal o político de donde provengan) rinden cuenta, periódicamente, de su gestión ante las AMPP que los nominaron de manera formal; sin embargo, no reportan a las bases sectoriales por donde fueron propuestos en un principio, lo que soslaya ante estas su responsabilidad como representante.
  •  Aunque las leyes y decretos-leyes, así como otras disposiciones legales, estén en correspondencia con los fundamentos de la Constitución cubana, y haya una norma jurídica para «decidir acerca de la constitucionalidad» de estas, no existe el mecanismo jurídico adecuado, a ningún nivel del poder del Estado, para comprobar esta equivalencia de manera puntual y sistemática.[16] En este sentido, llama la atención que mientras la Asamblea Nacional del Poder Popular, según la Constitución, es considerada «el órgano supremo del poder del Estado», que «representa y expresa la voluntad soberana de todo el pueblo» (Art. 69), y el Consejo de Estado es «el órgano de la Asamblea Nacional del Poder Popular que la representa entre uno y otro período de sesiones» (Art. 89), en la práctica de más de treinta y seis años de funcionamiento del sistema del Poder Popular, es el propio Consejo de Estado, a través de decretos-leyes, la instancia que más incidencia legislativa ha tenido a nivel nacional, incluso derogando leyes de mayor rango aprobadas por la propia Asamblea Nacional en pleno.[17]
  • Tampoco hay una instancia oficial imparcial, que compruebe, de forma integral y periódica, la constitucionalidad y los buenos procedimientos en la actuación de los tribunales, las fiscalías y las notarías públicas, a ninguno de los niveles en que ejecutan sus respectivas funciones,[18] lo que vulnera su autenticidad como instancias legales donde se imparte justicia.
  • No obstante los esfuerzos del Partido y el Estado por crear espacios oficiales, reales y efectivos, para garantizar la defensa de los derechos ciudadanos, e independientemente de la multiplicación de estructuras y mecanismos a nivel de gobierno para que cada institución del país y sus máximos directivos, tengan oficinas encargadas de atención a la población, los espacios existentes no garantizan respuestas en un tiempo prudencial y con calidad. A pesar de la importancia de asegurar constitucionalmente que «todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en un plazo adecuado, conforme a la ley» (Art. 63), y de la atención priorizada que las Asambleas Provinciales y la Nacional del Poder Popular han brindado a este tema durante los últimos tres años, no existe la ley complementaria a que se refiere el propio enunciado. Tal ausencia obstruye los compromisos de las instituciones y los derechos de la ciudadanía ante sus inconformidades, restringe la voluntad política de hacer efectivo el precepto constitucional y, en consecuencia, impide cubrir las expectativas del cubano medio.[19]
  • A pesar de que la Carta Magna reconoce que «las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular son públicas, excepto en el caso en que la propia Asamblea acuerde celebrarlas a puertas cerradas por razón de interés de Estado»,[20] los distintos períodos de sesiones del máximo órgano de poder del Estado, así como las reuniones de sus Comisiones permanentes y temporales de trabajo se hacen públicos, según la norma, de manera fragmentada, lo que afecta la credibilidad de la actuación de los representantes ante sus electores.[21]

Notas Bibliográficas

[9]. En los comicios del domingo 21 de octubre de 2012, para elegir delegados de circunscripción, se presentaron 32 183 candidatos en las distintas demarcaciones del país. Fueron elegidos 14 537 delegados que integran las 168 asambleas municipales del país. A pesar de que, en cada circunscripción, según la Ley Electoral, se pueden proponer hasta ocho candidatos, en esa ocasión el promedio de nominados fue de 2,2. Véase Granma, La Habana, 19 de octubre de 2012, p. 2.

[10]. Según el Artículo 68 de la Ley Electoral 72, las Comisiones de candidatura están integradas por representantes de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) territorial, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y la de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) que, a su vez, son designados por las direcciones nacionales, provinciales y municipales respectivas, a solicitud de las Comisiones electorales a los niveles equivalentes. El Artículo 69, por su parte, puntualiza que las Comisiones de candidatura son presididas por un representante de la CTC.

[11]. Con la sola excepción de los municipios de las nuevas provincias Artemisa y Mayabeque, consideradas por la Asamblea Nacional del Poder Popular, desde 2011, como experimentos susceptibles de seguir siendo perfeccionados.

[12]. El Artículo 8 de la Ley 91 de los Consejos Populares establece que a esta instancia del Poder Popular, de la que son miembros efectivos los delegados de circunscripción, también «pueden pertenecer […] representantes designados por las organizaciones de masas, las instituciones y entidades más importantes de la demarcación», lo que indica por un lado, que tal pertenencia no es obligatoria y, por otro, que los representantes de estas organizaciones, instituciones y entidades, ni siquiera son elegidos mediante un proceso democrático interno.

[13]. La evidencia pública, de mayor connotación (véase Granma, La Habana, 25 de febrero de 2013, p. 1), que destaca la comprensión sobre el alcance de la labor del Partido, quedó ilustrada el 24 de febrero de 2013, durante la celebración del VI Pleno del Comité Central, cuando antes de la conformación de la Asamblea Nacional en su VIII Legislatura, los miembros del Comité Central votaron por las propuestas de la Comisión Electoral Nacional para integrar el nuevo Consejo de Estado. Esta acción que, con total claridad, hace depender la propuesta (al plenario de la Asamblea Nacional) de la Comisión Nacional de Candidatura, para miembros del Consejo de Estado, de la decisión de los integrantes del Comité Central, no está regulada por la Ley Electoral 72. Tampoco parece responder —a contrapelo de lo que expresan las periodistas que redactaron la información— a una adecuada interpretación del Artículo 5 de la Constitución que expresa: «El Partido Comunista […] vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado». En el nuevo contexto histórico de perfeccionamiento del sistema político cubano, deben quedar claramente delimitadas las funciones políticas del Partido, vinculadas a la orientación estratégica del proyecto socialista cubano y sus fundamentos ético-humanistas, basados en la más profunda justicia social (que tienen su mayor expresión en las discusiones y acuerdos de los congresos partidistas), de las funciones estatales y ejecutivo-administrativas. El Partido no está diseñado, constitucionalmente y por ley específica, para «ordenar» a las asambleas del Poder Popular cuándo reunirse para evaluar un problema relacionado con la recogida de basura o a qué funcionario público sustituir, lo que sí compete al órgano correspondiente del Estado (ANPP, APPP y AMPP, según sea el caso). La modelación del sistema electoral cubano y, por consiguiente, la forma en que se nominan los candidatos a integrantes de las Asambleas Provinciales y la ANPP, así como a miembros del Consejo de Estado, se regula por leyes concretas de cuya confección y control se encarga directamente el órgano supremo del poder del Estado (la ANPP según el Artículo 69 de la Constitución), lo que debe ser ponderado y fortalecido.

[14]. En este sentido, las informaciones de la prensa sobre la cantidad de delegados de base en la recién constituida VIII Legislatura de la ANPP son contradictorias: el programa Mesa Redonda de la TV cubana, previo a las elecciones generales del 3 de febrero de 2013, refirió que esos delegados representaban 46% del total de parlamentarios, mientras que Granma, los días 22, 26 y 29 de diciembre de 2012, publicó que eran 33,33%, lo que sugiere que solo la tercera parte de los diputados pudieran ser representantes de base. En esa misma información se marca un importante desequilibrio entre las provincias: por ejemplo, de los 31 diputados por Guantánamo, 48,38% son delegados de base, mientras solo 24% de los que representan a Mayabeque lo son.

[15]. En la actual VIII Legislatura existen diez comisiones permanentes de trabajo: Relaciones Internacionales (22 miembros), de Salud y Deporte (46), de Atención a los Servicios (41), de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (49), de Defensa Nacional (26), de Industria, Construcciones y Energía (37), de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer (37), de Asuntos Económicos (30), de Asuntos Constitucionales y Jurídicos (10), Comisión Agroalimentaria (41). Véase Gaceta Oficial, Ordinaria, n. 39 de 2013.

[16]. Aun cuando el Reglamento de la ANPP le atribuye, en su Artículo 4, «decidir acerca de la constitucionalidad de las leyes, decretos leyes, decretos y demás disposiciones legales» y el Artículo 16 regula que los diputados tienen el derecho de «solicitar de la Asamblea Nacional que se manifieste acerca de la constitucionalidad de un decreto-ley, decreto u otra disposición general», lo cierto es que ninguna de las instituciones de la estructura estatal tiene entre sus prerrogativas concretas la obligación de dictaminar acerca de la constitucionalidad de las normas jurídicas que se promueven a los distintos niveles de poder del Estado.

[17]. Para profundizar en este tema, véase Amalia Pérez Martín, «República y creación de la ley en la institucionalización política consagrada en la Constitución Socialista de 1976», Tesis de Maestría en Estudios Políticos y Sociales, Universidad de La Habana, octubre de 2013. Según sus criterios, las prerrogativas del Consejo de Estado por encima de las leyes aprobadas por la ANPP datan del acuerdo adoptado por la Asamblea, en diciembre de 1979, que autorizaba a dicho Consejo a dictar decretos-leyes y modificar leyes aprobadas por la ANPP, que luego podrían ser ratificadas o derogadas (p. 59-60). Su investigación arrojó que, desde 1977 hasta julio de 2013, se han emitido 310 decretos-leyes, por parte del Consejo de Estado, mientras que la ANPP solo ha aprobado 118 leyes (incluyendo las de reforma constitucional) (p. 61).

[18]. Con frecuencia, órganos de dirección del Partido, del Consejo de Estado y la ANPP, a través de sus respectivas oficinas de atención a la población, refieren su incompetencia a inmiscuirse en asuntos legales. Por otro lado, más allá de los controles internos que realizan el Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General de la República y el Ministerio de Justicia, y del perfeccionamiento del trabajo de sus órganos de Atención a la población o a la ciudadanía, todavía no se ha logrado encontrar el mecanismo adecuado no solo para que, las tres instituciones, puedan garantizar, de manera permanente, la eficiencia de jueces, fiscales y notarios públicos, en el desempeño de sus funciones (lo que incluye tomar siempre las decisiones más acertadas, con total apego a la ley), sino también para dar respuestas adecuadas y en tiempo a las demandas de la población y, en particular, a las potenciales denuncias que puedan presentarse, desde simples ciudadanos, sobre evidencias o pruebas de indolencia, prepotencia y corrupción, por parte de funcionarios públicos. Además, la tendencia a crear comisiones de trabajo que involucren a las entidades denunciadas por mal desempeño (a las que pueden vincularse instituciones jurídicas de base, provinciales o nacionales) para comprobar sus potenciales errores, no es legítima. Desacredita la justicia.

[19]. No existe norma jurídica, a nivel nacional, que regule, por un lado, qué hacer con las instituciones del Estado que no brindan respuestas y, por otro, cuál es el tiempo límite en que estas deben dar respuestas a los demandantes, lo que, en ambos casos, desprotege a los que se quejan. [20]. Constitución de la República de Cuba, Art. 80, disponible en http://www.cuba.cu/gobierno/cuba.htm (consultado el 9 de mayo de 2014).

[21]. Aun cuando las informaciones que brindan los medios, en general, son importantes, estas no cubren las expectativas populares. Como norma, la prensa plana —además de informaciones básicas y discursos completos de personalidades importantes— realiza resúmenes de los debates en las comisiones de trabajo y en el plenario de la Asamblea, que no trasmiten toda la agudeza de las discusiones antes de llegar a los acuerdos, lo que crea espacios para la tan criticada «unanimidad». Algo parecido ocurre con la televisión y la radio: trasmiten una ínfima parte de las no menos de ocho horas que dedica cada período de sesiones al Plenario de la ANPP, o de las seis horas diarias que durante tres días, cada comisión de trabajo evalúa los temas respectivos. El enunciado constitucional con respecto a que las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular son públicas, debe ser garantía no solo para crear las condiciones de mayor participación ciudadana, de manera física y directa, al menos según los temas que se discutan, en los propios períodos de sesiones de la máxima instancia del Estado, así como de las APPP y las AMPP, sino para que los medios de difusión nacionales y locales brinden mayor cobertura a los debates y decisiones que tienen lugar allí.

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